El juez que investiga si el PP de Cospedal recibió un soborno a cambio de un contrato desautoriza al fiscal jefe de Toledo

El escrito por el que el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez, acaba de pedir el archivo de la causa donde se investiga si una filial de la constructora Sacyr pagó 200.000 euros al PP para la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal en 2007 a cambio de un contrato de basuras ha abierto la caja de los truenos en el juzgado encargado de la investigación, el de instrucción 3 de Toledo. Fechado el 26 de enero, a dos semanas del congreso del PP en que Cospedal aspira a revalidar su cargo como secretaria general, el escrito del jefe de la Fiscalía toledana sostiene lo siguiente: que el instructor, Florencio Rodríguez, decidió de antemano que no había que efectuar averiguaciones sobre si el PP recibió una mordida de 200.000 euros dado que el juez tiene descartada “plenamente la posibilidad de la existencia de tal ilícito”. Y que así lo demuestra –llega a decir Ibáñez– el hecho de que, desde la apertura del caso, en septiembre 2015, “ninguna de las diligencias de instrucción practicadas han ido encaminadas a la investigación de tal delito”.

Pero nada de eso es cierto, según asegura un portavoz del juez Florencio Rodríguez: la investigación judicial, recalcan fuentes oficiales de su juzgado a preguntas de infoLibre, busca "dilucidar si hay indicios racionales de los dos delitos por los que se incoaron las diligencias, prevaricación administrativa y cohecho". Ni ha llegado el momento de resolver sobre el sobreseimiento o la continuidad del caso –añaden las citadas fuentes– ni llegará al menos hasta después de que hayan declarado como investigados el exalcalde del PP y los ediles que adjudicaron a una filial de Sacyr el contrato bajo sospecha ni el magistrado ha decidido ya qué decisión adoptará. "El juez no se va a pronunciar sobre la petición de archivo porque, aunque las diligencias están muy avanzadas, todavía no han finalizado", resumen los portavoces del juzgado 3 de Toledo.  

El párrafo en que el jefe de la Fiscalía toledana se erige en portavoz del magistrado y anticipa qué sucederá con la causa no admite dudas de interpretación. “Por último –escribe Ibáñez–, y en aras a delimitar el objeto del procedimiento debemos hacer mención al delito de cohecho. Ciertamente –agrega– el auto de 1 de septiembre de 2015, por el que se acepta la inhibición [de la Audiencia Nacional] y se incoan las presentes diligencias, menciona formalmente tanto el delito de prevaricación como el de cohecho. Sin embargo, es también cierto que se deduce de lo instruido hasta el momento que el instructor ha descartado plenamente la posibilidad de la existencia de tal ilícito. Así, es claro que ninguna de las diligencias de instrucción practicadas han ido encaminadas a la investigación de tal delito”.

La réplica de los portavoces de Florencio Rodríguez es contundente: "La investigación judicial está encaminada a dilucidar o aclarar si hay indicios racionales de ambos delitos". Es decir, también el de cohecho.

Un escrito que nadie le ha pedido

Pero el relato desgranado este jueves por el entorno directo del instructor va más allá. Porque, según esas fuentes, el escrito elevado por el fiscal jefe de Toledo no se corresponde con "lo que se le había pedido".

La narración elude cualquier crítica al fiscal jefe de Toledo aunque al recalcar cuáles son "los hechos objetivos" lo desautoriza casi sin tapujos. Y los hechos "objetivos" –sostiene el juzgado– son estos: "Desde el juzgado se dio traslado al ministerio fiscal para que hiciera las alegaciones que estimase oportunas sobre un recurso presentado por la defensa de uno de los investigados [el exalcalde José Manuel Molina] para modificar la fecha de su declaración". Y ocurrió esto: "El fiscal en su respuesta de alegaciones sobre dicho recurso ha incluido el contenido de ese escrito". ¿Significa lo anterior que no ha llegado aún el momento de que el juez pida al fiscal que informe y emita su opinión sobre el futuro de la causa? La respuesta fue esta: "Eso no se ha producido ni es lo que se le había pedido; el instructor todavía no ha resuelto sobre el recurso [de Molina]" "El instructor resolverá únicamente en lo relativo al recurso", concluyen las fuentes consultadas.

En su escrito, el fiscal invoca la “economía procesal” para suscribir los dictámenes de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de los papeles de Bárcenas. Esos dictámenes, recuerda Ibáñez, “consideraban la total pertinencia del sobreseimiento respecto de ese supuesto delito de cohecho”.

La causa, cuya sorpresiva petición de sobreseimiento ha provocado las iras de las acusaciones populares, está en manos del juez Florencio Rodríguez desde hace 16 meses. El titular del juzgado de instrucción 3 de Toledo abrió las diligencias una vez que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se inhibió sobre esa parte del caso Gürtel y la remitió a Toledo.

La investigación en la Audiencia Nacional

La resolución con la que el magistrado toledano dio inicio a sus pesquisas decía lo siguiente: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa y cohecho”.

Pero el fiscal Ibáñez no solo da por hecho que el juez ni siquiera ha creído pertinente indagar si las múltiples irregularidades detectadas por la IGAE en la adjudicación del contrato de basuras a Sufi guardan relación con los 200.000 euros que presuntamente entregó su matriz Sacyr para el PP. El fiscal considera “absolutamente razonable” la ausencia de averiguaciones “si analizamos pormenorizadamente los antecedentes obrantes en las diligencias 275/08 del Juzgado Central de Instrucción número 5”. Es decir, en las diligencias investigadas en la Audiencia Nacional por el juez Pablo Ruz, de las que el magistrado desgajó finalmente y entre otras la pieza de Toledo.

Antes de inhibirse, Pablo Ruz había comenzado a investigar el asunto en la Audiencia Nacional después de que Luis Bárcenas destapara el presunto pago de Sacyr durante su declaración de julio de 2013. En marzo de 2015 concluyó que entre lo investigado en relación a ese presunto pago y la pieza de los llamados papeles de Bárcenas no había “conexidad suficiente”. Decidió así inhibirse y remitir a Toledo toda la documentación de las múltiples pruebas que había practicado hasta entonces.

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El fiscal ha pedido el archivo de diligencias cuando falta menos de un mes para la fecha fijada –22 de febrero– para la declaración como imputado de quien era alcalde de Toledo por el PP en la etapa investigada, José Manuel Molina. Ese mismo día debe declarar también, salvo cambio de última hora, el extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo, Lamberto García Pineda, y otro exedil.

El 1 de marzo deben comparecer otros cuatro miembros del equipo que gobernaba bajo la batuta de Molina, ahora destinado en la República Democrática del Congo como canciller de la Embajada española.

Molina pidió en noviembre que su declaración se adelantase al periodo comprendido entre el 28 de ese mes y el  8 de diciembre bajo el argumento de que en la fecha marcada por el juez –el 22 de febrero– no puede desplazarse a España.