Miles de personas exigen un plan de rehabilitación para El Cabanyal

Es la foto de la resistencia y la dignidad. Caraval empuja la silla de ruedas de su mujer, Conchín, enferma de Alzheimer. Ellos fueron de los primeros en colgar la pancarta de Rehabilitación sin destrucción de sus ventanas en el grueso edificio de la plaza Martí Grajales, junto al mercado del Cabanyal. Era 1998 y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acababa de diseñar su pirámide: la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta al mar sobre las ruinas de cerca de 1.651 viviendas. Y la apertura de un bulevar de norte a sur que borraba del callejero decenas de inmuebles, entre ellos la colmena de Martí Grajales. Muchos de sus propietarios, vendedores del mercado, enarbolaron las pancartas hasta que Barberá indultó el edificio para ganarse el favor de los comerciantes. En la mole sólo quedó al aire la solitaria misiva de Caraval y Conchín. Y como la conciencia suele ser un espejo deformador y amenazante, muchos vecinos les retiraron el saludo y la palabra.

La de los dos ancianos es uno más de los incontables relatos de un barrio en pie contra la barbarie. Pequeños gestos que suman una lección de ética y decencia. Historias de héroes minúsculos. Como Emilio, a quien la alcaldesa le envió en 2007 una carta de expropiación forzosa de su casa de la calle San Pedro. La angustia y la tensión le costó el matrimonio. O Vicent, a quien le expropiaron hace décadas su alquería de la huerta de Vera para ampliar la Universidad Politénica. Y a los pocos años de mudarse al Cabanyal, la alcaldesa planeó demoler su casa después de indemnizarle cuatro veces por debajo del precio de mercado. Ayer, al paso de la marcha, Vicent saludaba desde el balcón junto a un puñado de cañas secas, último recuerdo de la alquería de su infancia.

Plan consensuado

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Por un nuevo plan en El Cabanyal con participación ciudadana. Este fue el lema de la manifestación convocada por la plataforma Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos, que reunió a miles de ciudadanos contra el proyecto urbanístico de Barberá de derruir este antiguo poblado marinero, declarado Bien de Interés Cultural en 1993. Un plan contestado en la calle y en los tribunales, y que ha situado a la alcaldesa en una evidente posición de insumisión política. En 2009 el Supremo requirió al Ministerio de Cultura que elaborara un informe sobre los efectos que provocaría en el barrio la ampliación de la avenida. La orden ministerial de 29 de diciembre de 2009 fue categórica: prolongar Blasco Ibáñez supondría un expolio del patrimonio español.

Pero Barberá, apoyada por la mayoría del PP en Les Corts, promovió una ley favorable a los derribos y liquidó un decena de inmuebles entre el 6 y el 8 de abril de 2010. El litigio finalizó con una paralización cautelar por el Tribunal Constitucional. Recientemente, el Consejo de Ministros ha pedido al PP valenciano que acate la orden y preserve un conjunto histórico único de calles trazadas a escuadra sobre el solar de las antiguas barracas y con fachadas decoradas siguiendo los patrones del modernismo popular de principios del siglo XX. “Iré a la cárcel por El Cabanyal”, ha llegado a decir en alguna ocasión Barberá, quien esta semana destacó que el ayuntamiento ha adquirido casi un tercio de las 1.651 viviendas afectadas.

Muchas de estas casas de propiedad municipal están tapiadas y otras tantas utilizadas como despachos de venta de droga o ocupadas por familias sin recursos con años en listas de espera en los servicios sociales. Algo que, según Faustino Villora, líder histórico de Salvem, “es una estrategia del PP para, al mismo tiempo, promover y criminalizar la pobreza, y degradar el barrio, las personas y la convivencia en favor de las excavadoras”. Villora cerró la marcha con un aviso en forma de comunicado para los representantes de los partidos de la oposición que acudieron a la marcha. “El plan de rehabilitación que vendrá no se redactará en los despachos. Saldrá de los vecinos y vecinas del Cabanyal sin exclusiones”, advirtió.