El PP proclama “ilegales” ante el tribunal de ‘Gürtel’ las grabaciones que destaparon el caso y que la Audiencia ya declaró lícitas

El impacto causado el miércoles por el drástico viraje que la nulidad del caso Gürtel solicitada por el PP implicó respecto de su discurso oficial –que "quien la hace la paga" y que el partido siempre "colaborará con la justicia"– eclipsó un dato de primera magnitud jurídica: en su alocución ante el tribunal, el abogado del PP utilizó como uno de los argumentos para la nulidad que las grabaciones que destaparon el caso son ilegales.

Pero esa afirmación no se ajusta a la realidad. Las grabaciones a que se refería el letrado Jesús Santos son las que subrepticiamente realizó a Francisco Correa el exconcejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, que comparte banquillo con los otros 36 acusados. Y su legalidad quedó confirmada en mayo de 2013 no ya por el juez instructor del caso, Pablo Ruz, sino también por la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Son las escuchas policiales efectuadas en la cárcel a los dos supuestos jefes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, las que fueron excluidas del sumario después de que el Supremo las declarase ilegales y expulsara de la judicatura a Baltasar Garzón por haberlas ordenado. Las aportadas por Peñas, en cambio, siempre han permanecido dentro de la causa. 

En esas grabaciones, cuya autenticidad certificó la Policía Científica en febrero de 2014, Francisco Correa desvelaba, por ejemplo, cómo él mismo había llevado "más de 1.000 millones" [de pesetas] a la sede central del PP, la de la madrileña calle Génova.

La investigación –adujo literalmente el miércoles el representante legal del PP– ha vulnerado derechos fundamentales, "partiendo, como se dijo por algunas defensas, de la ilegalidad e ilicitud del acto generador e iniciador de este procedimiento, que se refiere en concreto a esas conversaciones grabadas y presentadas por uno de los acusados".

Pero los hechos indican que ni los tribunales consideraron ilegales las grabaciones ni ilícitas. El 24 de mayo de 2013, el juez Pablo Ruz validó con un auto [pincha aquí] su legalidad con dos razonamientos clave: que lo que la Constitución prohíbe es intervenir una conversación de terceros sin orden judicial pero no que uno de los interlocutores grabe al otro; y que, además, Peñas no hizo otra cosa que cumplir con "la obligación de denunciar delitos".

Será en la fase de juicio –es decir, la que comenzó este martes, 4 de octubre– "donde deberán desplegar o no su eficacia las grabaciones aportadas como medio probatorio a valorar por el tribunal". Pero que posean valor probatorio es una cosa y que al grabar a Correa estuviera Peñas incurriendo en un acto ilegal –como sostiene ahora el PP– es otra. Ruz, no obstante, se curó en salud al subrayar lo siguiente: que "el origen de la presente causa no son, en sentido estricto, las grabaciones cuestionadas, sino las manifestaciones en modo de denuncia" que hizo Peñas "ante el órgano competente y en las que le relata con detalle y precisión hechos que revisten trascendencia penal".  

Correa y otros imputados –entre ellos, Luis Bárcenas– impugnaron entonces el auto dictado por Pablo Ruz. Pero un mes más tarde, el 28 de junio de 2013, la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional validó ya de manera definitiva la legalidad de las grabaciones aportadas por Peñas. En su auto [pincha aquí], la Sala de lo Penal subrayó que no cabía equiparar la actuación de José Luis Peñas a la técnica periodística de "cámara oculta" porque en este caso "no ha mediado el engaño ni la presión ni se han extraído datos que afecten a la zona mas intrínseca de la personalidad".

Cuando la Audiencia Nacional declaró legales las cintas de Peñas, hacía un mes que el PP había sido expulsado de la causa como "acusación popular". ¿Por qué fue expulsado? Por defender a Luis Bárcenas. Entonces no se conocía aún los sms enviados por Mariano Rajoy al hoy extesorero del partido, entre ellos, este: "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo"

Ahora, la posición del PP es muy distinta a la de las acusaciones populares: la de partícipe a título lucrativo –beneficiario económico sin responsabilidad penal– de los manejos de una trama corrupta que durante años organizó sus mítines y congresos, obtuvo cientos de contratos de sus gobiernos y sobornó a múltiples cargos de la formación conservadora.