El primer TC progresista en 10 años echa a andar con el PP sembrando dudas sobre su crédito
Y el nuevo Tribunal Constitucional echó a andar completamente. Cándido Conde-Pumpido fue elegido presidente este miércoles. Se acabaron las negociaciones, los plantones, las cábalas, las tensiones, las formalidades. Ahora toca abordar una nueva etapa, en la que se acumula mucho trabajo y en la que se tendrán que ver leyes clave para la coalición. Aunque el PP, desde el minuto uno, decidió no dar tregua y poner en cuestión su nueva composición.
Sus decisiones afectarán de lleno a la vida política española y, por supuesto, a los propios ciudadanos. Con un cambio sustancial también a partir de este momento: una mayoría progresista domina el Alto Tribunal pese a los intentos de la derecha política, judicial y mediática por impedir esta nueva correlación de fuerzas, tras una década de dominio conservador (logrado durante la época de Mariano Rajoy en junio de 2013).
Finalmente la estrategia ideada por el Partido Popular para seguir controlando los ámbitos judiciales ha fracasado en parte (falta todavía renovar el Consejo General del Poder Judicial). Precisamente el CGPJ incumplió durante meses la ley para renovar sus miembros del TC por el freno que ponía el sector conservador (no respetando la fecha del 13 de septiembre indicada en la reforma de la ley del Poder Judicial). Pero, a finales de diciembre, en un giro propiciado por los progresistas del Consejo se consiguió en una reunión de 15 minutos un acuerdo sobre los miembros del Tribunal Constitucional.
Y ese proceso culminó con la elección este miércoles del progresista Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, como presidente del Alto Tribunal, teniendo como número dos también a la progresista Inmaculada Montalbán. Esto supone, en términos políticos e institucionales, la vuelta a normalidad de un Alto Tribunal, que estaba caducado y en manos de los conservadores frente a los plazos de la ley. Provocando, además, durante esta última etapa una grave crisis con decisiones inéditas como la de la paralización de las enmiendas aprobadas por el Congreso para renovar precisamente el TC.
Fuentes socialistas celebran precisamente que se haya vuelto a la normalidad de este órgano y que, además, refleje la mayoría expresada por los ciudadanos en las urnas. Se invoca de esa manera el artículo 117 de la Constitución Española: “La Justicia emana del pueblo”. E indican: “El plan de Alberto Núñez Feijóo de bloquear la Justicia y que se aprobaran sus recursos contra leyes del Gobierno se ha ido al traste”.
Las fuentes recuerdan que había un acuerdo entre el Gobierno y el PP, de la época de Pablo Casado, de desbloquear el TC aunque no hubiera un pacto sobre el CGPJ (firmado por el entonces número dos del partido, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños). Pero Núñez Feijóo lo incumplió al llegar a Génova 13.
El PP ya cuestiona al TC: "Debilitado por el 'sanchismo'"
Es más, el PP sigue sin aceptar esa realidad del TC y ese desbloqueo. Su reacción a la nueva etapa con la elección de la Presidencia y de la Vicepresidencia del Tribunal Constitucional ha vuelto por la senda de erosionar la credibilidad del Alto Tribunal. Fuentes populares hicieron esta lectura: “Lamentablemente, a día de hoy, es una institución también debilitada por los efectos del ‘sanchismo’ y comprendemos que entre la opinión pública puedan suscitarse dudas acerca de su independencia".
El mensaje de los populares es ahora: “Ya era inédito que dos ex miembros del Gobierno en ejercicio –un ministro y una alto cargo– pasasen a formar parte del TC nombrados por el mismo Gobierno que les designó para sus anteriores funciones. Por ello, esperamos que el TC pueda blindar su actuación ordinaria de la voracidad institucional demostrada por el Gobierno a lo largo de la legislatura colocando a dedo a militantes y simpatizantes socialistas al frente de instituciones, mermando con ello su credibilidad y devaluando de forma injusta el impecable trabajo de cientos de servidores públicos que desempeñan cada día su labor en estos organismos guiados por el más escrupuloso respeto a la ley, la vocación de servicio público y la más exigente profesionalidad en el ejercicio de sus funciones".
El PP va más lejos acusando al Ejecutivo de Sánchez de saltarse “consensos respetados hasta ahora por los gobiernos de diferente signo político anteriores a este”: “Tras conocer los nombramientos no podemos más que lamentar que se haya tensionado de nuevo el procedimiento que se venía siguiendo hasta ahora por el que la Vicepresidencia del Alto Tribunal recaía en alguno de los miembros que forman parte de una corriente doctrinal distinta a la del presidente”.
De esta manera, una vez que se ha perdido la mayoría conservadora, que estaba al frente de un TC caducado, ahora la estrategia de Feijóo pasa por presentar a un Constitucional al servicio de Sánchez, cuando lo que se ha hecho es la renovación que exige la Constitución (ahora tocaban dos miembros elegidos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial).
Deliberaciones clave sobre leyes progresistas
Esto en un momento en el que el Tribunal Constitucional retomará deliberaciones clave sobre leyes sociales con marcado carácter progresista. De hecho, sobre la mesa está todavía el recurso del PP contra la ley del aborto aprobada durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, Feijóo no ha retirado ese recurso y en Génova 13 esperan tumbar la norma.
Y es que el TC se ha convertido en una especie de tercera Cámara, ya que la estrategia de las derechas, con el PP y Vox a la cabeza, ha consistido durante estos años en recurrir ante el Alto Tribunal las principales leyes la coalición para intentar tumbar lo que no consiguieron con los votos en contra en las Cortes Generales.
Hay una quincena de leyes con un alto valor simbólico que afectan a derechos sobre los que deberá resolver el Constitucional. Por ejemplo, se han impugnado la reforma laboral, la ley Celáa, la ley de la eutanasia y el ingreso mínimo vital, además de las leyes Rhodes y rider. Asuntos clave serán también la nueva ley de vivienda de la Generalitat de Cataluña, la ley trans aprobada por el Parlamento de Canarias y el escaño en el Congreso de Alberto Rodríguez.
El PP ha perdido la órbita mayoritaria en el TC por años, ya que la actual composición durará, al menos, hasta 2026, cuando tocará renovar otro tercio del Tribunal Constitucional (cuatro miembros elegidos por el Senado con una mayoría de tres quintos).
Los actuales miembros del TC estuvieron muy atentos a las palabras de Conde-Pumpido durante su elección, mandado el mensaje de que la Constitución “no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación". El próximo martes habrá ya una reunión para distribuir las salas y las secciones, fijando como prioridad sacar más de 100 asuntos varados.
El Constitucional vuelve a la normalidad institucional, pero queda todavía el Consejo General del Poder Judicial, que lleva bloqueado desde hace más de cuatro años por el Partido Popular. Y Alberto Núñez Feijóo no tiene intención de llegar a un pacto con el Gobierno, a pesar de que estuvo casi cerrado el pasado mes de octubre. Prefiere que se mantenga esa mayoría conservadora. Ahora ha puesto como excusa la “esclavitud moral” de Pedro Sánchez con Esquerra y quiere incluso que se recupere la competencia para un CPGJ caducado de hacer nuevos nombramientos (algo prohibido con la nueva ley).
