Los socios de Sánchez creen que la amnistía entrará en vigor en primavera, justo antes de las europeas

Completada la investidura de Pedro Sánchez y a la espera de la designación ministerial, los socios parlamentarios —ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG— esperan que el Congreso inicie su actividad legislativa cuanto antes y de luz verde a la ley de amnistía. El PSOE ya ha anunciado que la tramitará de urgencia, pero las fuentes consultadas por infoLibre entre las distintas formaciones calculan que la norma no entrará en vigor de manera definitiva hasta primavera, como pronto creen que a finales del mes de marzo o principios de abril.

Su aprobación en el Congreso podría ser en un plazo corto de tiempo, sobre todo si se vehicula a través de los grupos parlamentarios –no habría que solicitar informes a otros órganos– y se hace por el procedimiento de urgencia. Esa fue la fórmula que se utilizó, por ejemplo, en la legislatura constituyente, cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977. O más recientemente con la reforma del delito de sedición y malversación, que se culminó en apenas un mes. Es en el Senado cuando se complicaría ese trámite.

Bajo el nombre "Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" los socialistas la registraron —en solitario— este lunes y está previsto que la Mesa de la Cámara Baja la tramite el próximo martes 21. Los mismos letrados del Congreso que calificaron de inconstitucional el texto que presentaron los partidos independentistas en 2021 podrán ahora hacer sus observaciones técnicas. Además de la vía de urgencia, el PSOE podría pedir que la proposición de ley se tramite en lectura única, lo que implica desarrollar en el Pleno todas las fases sin pasar por ponencia ni comisión.

El PP, casi en paralelo, aprobó el mates la reforma del reglamento del Senado, que les permitirá retrasar hasta un mes más la aprobación de la ley en la Cámara Alta. El artículo que se ha modificado daba, hasta ahora, 20 días al Senado para "ejercitar sus facultades de orden legislativo" en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso. Ahora será el propio Senado el que decida cuándo tramitar una iniciativa por la vía de urgencia o no, independientemente del carácter que le pueda dar la Cámara Baja.

Desde las filas de ERC sospechan que esta maniobra del PP para retrasar lo máximo posible la aprobación de la ley está directamente relacionada con la precampaña de las elecciones europeas, previstas para junio de 2024. Los republicanos consideran que Alberto Núñez Feijóo utilizará esos comicios como un "plebiscito" sobre la ley de amnistía, ya que serán las primeras elecciones que se celebren a nivel nacional, lo que permitirá medir si el desgaste para los socialistas será tan grande como pronostica el PP.

Oficialmente desde el PSOE evitan adelantar pantallas y creen que "todo puede pasar" en los próximos meses, aunque conceden que la amnistía no ha gustado a una parte de su electorado. Sin embargo, algunas voces consideran que Sánchez puede arrancar votos a la coalición de Yolanda Díaz en los comicios europeos, especialmente si Podemos se presenta en solitario.

Puigdemont y los exconsellers fugados, los principales beneficiados

La futura ley de amnistía prevé extinguir la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellos actos merecedores de reproche que hubieran sido ejecutados entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 en el marco de las consultas independentistas del 9N y el 1-O. La norma dedica buena parte de su extensión a justificar la promulgación de esta medida de gracia por razones de "interés general" y "utilidad social". Ese es, precisamente, uno de los elementos que se analizarán para determinar la constitucionalidad o no de esta medida de gracia.

Tal y como está redactada, los efectos de la ley abarcan todas aquellas acciones realizadas "en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir" las consultas. En total, los negociadores calculan que se podrán beneficiar de este olvido jurídico cerca de cuatro centenares de personas: 309 independentistas y 73 agentes de las Fuerzas de Seguridad.

Entre los principales beneficiados estarían los nueve líderes del procés ya condenados por el Tribunal Supremo y posteriormente indultados, con Oriol Junqueras a la cabeza. A ellos se sumarían los que huyeron en su momento de la acción de la justicia. Es el caso del expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín o Lluís Puig, procesados por desobediencia y malversación agravada.

Procesadas se encuentran también la exconsellera Clara Ponsatí o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, aunque en su caso exclusivamente por un delito de desobediencia, el mismo tipo penal que pende sobre la cabeza de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y por el que ha sido condenada Meritxell Serret, actual consejera de Acción Exterior de la Generalitat.

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Los jueces, como ha contado este diario, tienen a su disposición un mecanismo que les permite dejar en suspenso la aplicación de una norma cuando consideran que la misma puede ser contraria a la Ley Fundamental. Es la cuestión de inconstitucionalidad. Y la presentación de la misma paraliza la aplicación de la ley en cuestión en el procedimiento concreto hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la misma.

Algunos juristas veían en dicha herramienta un resquicio perfecto para dilatar la aplicación de la norma de olvido jurídico una vez se haya aprobado definitivamente en el Congreso tras volver del Senado. Al menos, hasta que el máximo intérprete de la Ley Fundamental diera su veredicto.

Pero la norma parece cerrar ahora la puerta a dicha posibilidad incluyendo ese "plazo de dos meses" y esa referencia a que los "recursos" no tengan "efectos suspensivos", lo que entra en contradicción con la propia Ley del Tribunal Constitucional –artículo 35–, que la norma de amnistía no plantea modificar –algo que sí hace con el Código Penal o la ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas–. Aun así desde el Constitucional avisan de que su pronunciamiento podría demorarse, como mínimo, cuatro o cinco meses.