Un mes después, la prioridad política

Ya ha pasado un mes. Pero una gran parte de los afectados sigue viviendo en el momento cero, en el año cero y en la zona cero, como ha escrito Raquel Ejerique. Por eso, a mi juicio, cada día que pasa aumenta entre ellos (y entre buena parte de la ciudadanía) un mal mortal para la convivencia: la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, comenzando por las de gobierno y representación.

Aumenta, creo, la sensación de que, desde Madrid, no se acaba de entender la envergadura de lo que sucede. Y ello, pese a las indiscutibles y cuantiosas iniciativas positivas del gobierno central a favor de las víctimas de la descomunal riada (algunas particularmente eficaces, como la reconstrucción en tiempo récord de buena parte de las infraestructuras de movilidad que dependen del Estado, o el papel de las fuerzas armadas y de seguridad que también dependen de él). Esa sensación da pie a la indignación, colmada de desesperación, por parte de quienes no encuentran razones para hablar de "recuperar la normalidad". Dicho sea de paso, creo que no es el juicio que recibe la actuación de la Delegación del Gobierno, con la señora Bernabé al frente, que no ha dejado de pisar el terreno incansablemente desde el primer momento y afrontar directamente, en primera persona, las críticas de quienes están, insisto, desesperados.

Si esto es así, ¿qué decir de las muestras de incompetencia y ceguera (que en no pocos casos parece voluntaria) del gobierno valenciano? Creo que hay un consenso muy superior entre la opinión pública acerca del pronóstico de que el president Mazón, su Consell y el PP de Valencia no pueden recuperar la confianza política perdida y que van a pasar por un calvario insufrible, si no dimite y se convocan elecciones. No de inmediato, pero sí pronto, en cuanto las consecuencias más graves del desastre hayan podido ser paliadas. Y, en todo caso, que es inexcusable, políticamente hablando, que se lleve a cabo un verdadero debate en el parlamento de los valencianos acerca de lo que debe hacerse. Un debate que, como luego añadiré, tiene como mejor vía la presentación de una moción de censura.

La sensación es que el gobierno valenciano muestra una y otra vez su torpeza e incompetencia, comenzando por el desastre de su política de comunicación, a la hora de tratar de ofrecer respuestas convincentes a los afectados que viven en esa permanente hora cero. Pero también a todos los valencianos. La disyuntiva es ésta: o no han entendido, o no quieren reconocer la gravedad de lo que sucede tras la riada. Ofreceré tres botones de muestra:

Primero: la huida de explicación verosímil y de asunción de responsabilidad por parte de quien es el primer responsable político valenciano, el propio president Mazón, entregado hoy por hoy al "y tú, más" respecto al gobierno Sánchez y a cualquier institución vinculada a él, mientras es obviamente incapaz de hacer frente a los ciudadanos afectados. Lo prueba la indigna reacción de parapetarse en el Palau (él mismo y el conseller de Educación, el señor Rovira), tras la muerte de un trabajador por derrumbe en el porche de un centro educativo de Massanasa, que está relacionado con la falta de diligencia de la Consellería a la hora de adoptar medidas de seguridad en los centros escolares (aún hay millares de niños sin escuela). Lo prueba el hecho de que en su visita a Utiel, el President evite el centro urbano y recorra caminos para supervisar infraestructuras.

Junto a la respuesta material a la dana, también tiene carácter prioritario la exigencia política, de dignidad y transparencia, que es requisito para la confianza política de los ciudadanos en las instituciones

Segundo: la mala gestión del escudo militar con el que se ha tratado de proteger (comenzando por el bochornoso episodio del incremento de salario en el momento menos oportuno) y la incapacidad del president Mazón para acercarse a los ciudadanos, sumada a la ausencia de empatía que demuestra que, precisamente al cumplirse el primer mes del desastre, no haya tenido una muestra de reconocimiento institucional de solidaridad y de petición de perdón, como han hecho buena parte de los alcaldes que, al fin y al cabo, están todos los días en la brecha.

Tercero: lo que pretenden que dé sentido al resto de legislatura, esto es, la "reconstrucción", encomendada al vicepresidente Gan Pampols (hay que referirse ya a él en esos términos), va a ser cosa de años, sin duda, y desde el punto de vista de la responsabilidad política, tiene algunos elementos que hacen pensar en un intento de desviar la exigencia de responsabilidades a quienes estaban al mando –o debían estarlo– el día 29 y en los días siguientes. No digo que esa prioridad para la legislatura carezca de justificación. Sí diré que pienso, como ha señalado la profesora de economía de la Universitat de València Matilde Mas, que hablar de reconstrucción es un error, porque supondría seguir manteniendo todo lo que se ha demostrado que incrementa el riesgo de pérdidas de vidas humanas y daños materiales enormes, cuando es obvio que se trata de corregir todo eso: se trata de incentivar el traslado de casas y empresas a zonas no inundables, subraya. Eso implica levantar la vivienda social, una eficaz red de transporte público y simplificar e incrementar el dinero de las ayudas. Por lo demás, añade, la reconstrucción en Valencia no es la misma que en Afganistán: exige gestionar los recursos de la administración pública y eso no es fácil para quien no tenga experiencia en ello. Y exige transparencia, para evitar todo asomo de corrupción, y también ese escenario reprochable de quienes quieren lucrarse con las tareas de reconstrucción.

En todo caso, cuanto he recordado hasta aquí no obsta, sino más bien al contrario, a la tesis que quiero proponer en este artículo, esto es, la necesidad de que se afronte una prioridad genuinamente política. Quiero decir que, junto a la respuesta material, también tiene carácter prioritario la exigencia política de dignidad y transparencia, que es requisito para la confianza política de los ciudadanos en las instituciones. Por eso creo necesario e inaplazable plantear una moción de censura en las Corts, tal y como proponía al comienzo de estas líneas. Sabemos que es una moción que fracasará, por muchas dificultades (entre otras, Vox no la apoyaría, aunque me temo que este partido, que cultiva la demagogia antisistema, saldría beneficiado en una repetición electoral). Pero insistir, como hace la líder del PSPV y ministra Diana Morant, en la vía de que Feijóo deje caer a Mazón, es –a mi juicio– un grave error: no sólo porque es evidente que el PP no lo va a hacer, sino también y sobre todo porque, insisto, las prioridades no son sólo materiales, sino asimismo, como digo, de carácter político en el genuino sentido de la palabra, que no es el de la lucha partidista y tacticista por el poder. Por eso, hay que dar una respuesta que ofrezca satisfacción a los ciudadanos –no sólo a los afectados– en términos de asunción de responsabilidades, de saber en qué se falló (y reconoceré que todos los que fallaron antes, en y después del 29 son Estado, desde luego: desde la administración municipal a la autonómica y a la administración central del Estado) y debatir sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Esa, creo, es una prioridad política, pública, para todos los valencianos y debe tener lugar en su lugar legítimo, Les Corts.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.