La Audiencia Nacional, un tribunal especial contra el terrorismo que sobrevivió a la derrota de ETA
Nació como un órgano especial en un momento extremadamente delicado. Eran los años de plomo. ETA asesinaba mensualmente. Y el Gobierno de Adolfo Suárez puso en marcha la Audiencia Nacional con la lucha antiterrorista como uno de sus pilares fundamentales. Lo hizo el 4 de enero de 1977. El mismo día que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía la eliminación del franquista Tribunal de Orden Público (TOP) y la Ley para la Reforma Política. Ahora, casi medio siglo después, el terrorismo doméstico ha desaparecido. Pero este tribunal especial, convertido en trampolín de carreras judiciales, continúa a pleno rendimiento. En algunos casos, con causas que bien podrían abordarse en cualquier juzgado ordinario.
La derrota del terrorismo local hace ya más de una década abrió un profundo debate sobre el futuro del órgano. "Disuelvan ese tribunal de excepción", lanzaba hace algunos meses desde la tribuna del Congreso de los Diputados el parlamentario Jon Iñarritu, de EH Bildu. Una discusión también a nivel jurídico. "La Audiencia Nacional se justificó en la necesidad de alejar a los jueces de un terrorismo local que operaba en Euskadi. Pero desaparecido el mismo, ya no tiene sentido", sostiene un magistrado que ha pasado por dicho órgano. "Tiene todo el sentido del mundo", refuta, por su parte, María Luisa García, profesora de Derecho Procesal en la Universidad Alfonso X El Sabio.
Se ha dicho que la Audiencia Nacional vulneraba el artículo 24.2 de la Constitución, el que garantiza el derecho al juez ordinario predeterminado. Así lo expuso el Parlamento Vasco en los ochenta. Pero el Tribunal Constitucional avaló la existencia del órgano. "Existen supuestos que, en relación con su naturaleza, con la materia sobre la que versan, por la amplitud del ámbito territorial en que se producen, y por su transcendencia para el conjunto de la sociedad, pueden hacer llevar razonablemente al legislador a que la instrucción y enjuiciamiento de los mismos pueda llevarse a cabo por un órgano judicial centralizado", zanjó el máximo intérprete de la Ley Fundamental.
Quienes defienden la continuidad de este tribunal recuerdan que se hace cargo de asuntos que van más allá del terrorismo, aún vivo a nivel internacional. Se encarga de enjuiciar causas de falsificación de moneda cometidas por grupos criminales, defraudaciones, narcotráfico organizado –siempre que produzca efectos sobre diferentes provincias–, delitos cometidos fuera del territorio nacional y contrabando de material de defensa. O de extradiciones. "Es un órgano altamente especializado en delincuencia muy específica", lanza García. "No es terrorismo todo lo que reluce, ni necesariamente lo que más ocupa y preocupa en nuestra diaria actividad", recordaba tras el final de ETA el magistrado Eloy Velasco en un artículo en La Razón.
¿Podar competencias o disolver?
El catedrático de Derecho Constitucional Agustín Robledo, del mismo modo, consideraba recientemente en El Español que la dificultad de juzgar "delitos muy complejos" como el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado justificaba el mantenimiento del órgano. Ahora bien, apostaba por "podar" alguna de sus competencias. En este sentido, hablaba de las salas de lo contencioso-administrativo y social. Y de los delitos contra la Corona. En los últimos años, activistas, cantantes y humoristas han tenido que sentarse ante todo un tribunal especial ubicado en la capital por quemar fotografías del rey, por el contenido de sus canciones o por portadas provocativas.
Y algo similar ocurre con el delito de enaltecimiento del terrorismo. Su investigación y enjuiciamiento corresponde a la Audiencia Nacional. Por eso, es este órgano el que se está haciendo cargo de una querella de Vox contra dos activistas palestinas por afirmar durante un acto en el Congreso de los Diputados que "la valiente iniciativa de la resistencia palestina el 7 de octubre –el día en el que se produjeron los atentados del brazo armado de Hamás– ha vuelto a poner en la agenda política y mediática la cuestión palestina". Igual que se hizo cargo hace unos años de la causa contra dos titiriteros que representaron una obra en la que uno de los personajes portaba una pancarta con la frase "Gora Alka-ETA".
Quienes creen que este tribunal debe "desaparecer" consideran que sus tareas pueden asumirse en audiencias provinciales. Ahora bien, siempre y cuando se las doten de medios suficientes. "Se pueden crear secciones especiales en las mismas", sostiene un magistrado. García, sin embargo, cree que sale "más caro" formar en áreas "especializadas" que continuar con el órgano centralizado. "Y luego está el problema de aquellos delitos con efectos en territorio de más de una audiencia provincial. ¿Cómo solventas eso? porque la Audiencia Nacional no tiene que ver solo con determinados delitos, sino también con competencias", explica la profesora de Derecho Procesal.
Aunque el delito de terrorismo está muy presente en países de nuestro entorno, lo cierto es que eso no ha implicado "de forma generalizada" la "creación de un órgano especial centralizado". Así lo señala la profesora de Derecho Procesal Sonia Cano en "La desaparición de la Audiencia Nacional". En Francia, por ejemplo, ejercen su jurisdicción con carácter prioritario en materia de terrorismo los tribunales parisinos, lo que no impide que en determinados supuestos el juez territorialmente competente pueda conocer también de estos delitos. En Alemania no existe un órgano similar. Ni tampoco en Italia.
Concentración de poder y trampolín para la carrera
La Audiencia Nacional es uno de los grandes focos mediáticos. Al fin y al cabo, por sus seis juzgados de instrucción pasan los grandes casos judiciales. Desde la Gürtel a la Púnica. De Lezo al caso Koldo. Del caso Pujol a la corrupción policial y empresarial de Tándem. Es, en definitiva, uno de esos lugares que brillan. El sitio donde un magistrado puede convertirse en juez estrella. Y, por tanto, el trampolín perfecto para escalar en la judicatura. Antes de llegar a la Sala Segunda del Supremo, magistrados como Carmen Lamela o Ángel Hurtado pasaron por la Audiencia Nacional, donde también hicieron carrera desde Baltasar Garzón a Concepción Espejel.
"Es un órgano donde se concentra mucho poder, lo cual resulta muy peligroso", reflexiona un magistrado. Sobre todo, continúa, cuando hay cierta tendencia a convertirla en un actor político. Algunos de sus casos más recientes, de hecho, han llegado a marcar la agenda política nacional. Ahí está, ahora ya archivado, el caso Tsunami, donde el magistrado Manuel García-Castellón –jubilado recientemente– llegó a enmarcar las protestas independentistas del aeropuerto del El Prat dentro del delito de terrorismo. Una causa que durante meses fue condicionando a golpe de auto la elaboración de la Ley de Amnistía.
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Algunas de las voces que abogan por su disolución sostienen, en este sentido, que es mucho más fácil de penetrar "políticamente" aquellos espacios donde hay "concentración de poder". "Muchos de los que llegan ya tienen complicidades políticas", apuntan fuentes en la judicatura. Ponen como ejemplo los jueces de refuerzo. Son plazas que no se cubren por antigüedad. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional hace una propuesta y el Consejo General del Poder Judicial designa. Muchas veces, el mérito preferente es haber estado ya en esos puestos. Por eso no es raro que los elegidos siempre sean los mismos pese a estar miles de puestos por debajo de sus rivales en el escalafón.
"Y como no guste su comportamiento se quitan", expone un magistrado. Y pone como ejemplo el caso del magistrado Pablo Ruz. En diciembre de 2014, con la instrucción de Gürtel y los papeles de Bárcenas a pleno rendimiento, el Consejo General del Poder Judicial, entonces de mayoría conservadora, decidió sacar a concurso su plaza como sustituto, lo que le impidió prorrogar su estancia en el Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. Una decisión que levantó no pocas suspicacias. Sobre todo, después de que elDiario.es publicase que el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, había garantizado al Gobierno de Mariano Rajoy que el magistrado no seguiría en el órgano.
Quienes se muestran partidarios de la eliminación del tribunal especial argumentan que es mucho más complejo el control político sobre decenas de audiencias provinciales que sobre un órgano centralizado. La profesora de la Universidad Alfonso X El Sabio y directora del área jurídica de la Facultad Business & Tech señala que, efectivamente, igual hay menos peligro de politización "si se descentraliza". Pero deja claro que ese no es un riesgo exclusivo de la Audiencia Nacional: "El problema de la politización de la justicia es mucho más gordo. Lo tenemos en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial...".
