Sergio Ramírez Luis García Montero
Sindicatos, mutuas y bajas: un bulo que merece ser contestado
El pasado miércoles 10 de mayo se firmó por parte de las organizaciones empresariales y los sindicatos CCOO y UGT el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para los años 2023 a 2025. Este acuerdo es de gran importancia porque sirve de compromiso para las partes firmantes a la hora de elaborar los convenios colectivos, 1.300 pendientes de renovar el próximo año, que habían quedado pendientes debido al bloqueo empresarial de la mesa estos últimos meses, a medias, como comentamos por aquí, entre las presiones electoralistas de la oposición y el deseo de que la ciudadanía no saque conclusiones sobre el nuevo impulso político de este ciclo.
Los empresarios saben que en esta última legislatura han firmado varios importantes documentos que han sido netamente beneficiosos para la clase trabajadora, como la reforma laboral, pero que cuando no han querido estar, como en el caso del SMI o las pensiones, Gobierno y sindicatos han seguido adelante con éxito. Es decir, la CEOE es consciente de que la marea ha cambiado respecto a la pasada década, por lo que no le queda más remedio que recular en sus posiciones, llegando a acuerdos que en otro contexto no hubieran contando con su presencia.
Esto sucede, en primer lugar, por la conformación de un cierto momento laborista, donde sindicatos y Gobierno comparten una visión similar a la hora de ordenar la sociedad. Esto no significa que no haya habido diferencias entre actores y dentro del propio Gobierno, pero sí que, al menos, no se parte de posiciones hostiles por parte del Ejecutivo, como en el caso de los gabinetes de Rajoy, donde el paradigma para salir de la Gran Recesión fue de recorte a lo público y precarización laboral. Tiempos en los que la palabra “reforma” no era más que un eufemismo para el hachazo a la clase trabajadora. Conviene no olvidarlo.
En segundo lugar, la CEOE es consciente de que el momento histórico, fuera y dentro de España, ha cambiado. El neoliberalismo tiene importantes grietas y la propia UE, que una vez fue martillo austeritario de herejes, se muestra hoy mucho más comprensiva con las políticas igualitaristas. El momento es clave para la izquierda. O se sabe dónde hay que estar, moviendo piezas con audacia para que esas grietas se profundicen, o cabe la posibilidad de recomposición, una que llevará además el apellido del autoritarismo ultra. De ahí que las derechas, de las cuales la CEOE es una pieza clave, aun retrocediendo, deban presentar los acuerdos a los que llegan siempre de manera favorable a sus intereses. Este de la AENC no es una excepción.
¿Cuál es la palanca narrativa que se ha usado esta vez? Deslizar el análisis sesgado, en la prensa económica de derechas, dos días antes de la firma del acuerdo, de que los sindicatos daban su brazo a torcer para que las mutuas controlaran el absentismo. El problema es que ese análisis ha sido magnificado en mentira por algunos sectores progresistas, incapaces en la práctica pero ruidosos en lo digital, que entre la torpeza, la ignorancia y el mero afán de notoriedad, han acabado por concluir que los sindicatos han firmado un supuesto plan de privatización sanitaria. Por lo explicado en los párrafos anteriores, el momento clave, pero también por un mero ejercicio de aprecio a la verdad, este bulo merece ser contestado.
Primero y más importante. El acuerdo de la AENC no es una ley, ni siquiera un pacto exigible jurídicamente como un convenio, por lo que nunca podría alterar quiénes son los actores encargados de dar bajas, altas y de realizar su seguimiento, algo que establece la ley general de la Seguridad Social. Ni el Gobierno ni el Congreso han modificado ningún artículo de esta ley, por lo tanto no puede haber ningún cambio. Las cosas siguen como hasta ahora.
Los procesos de alta, baja y seguimiento de incapacidad temporal siguen como hasta ahora. Las mutuas no ven ampliada su capacidad en este sentido de ninguna manera
Segundo. La ley vigente establece que las altas, las bajas y el seguimiento de la incapacidad temporal deberán ser realizadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Servicio Público de Salud. Tanto la propia ley, como el Real Decreto 625/2015, también establece que existen entidades colaboradoras en este proceso, habitualmente mutuas empresariales, que pueden emitir partes de baja, confirmación y alta por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para contingencias comunes sólo pueden realizar propuestas de alta.
Tercero. El acuerdo de la AENC consta de treinta páginas y el concepto mutua tan sólo aparece tres veces. ¿Diciendo qué? Que se realizará “un mejor aprovechamiento de los recursos de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social sin modificar las actuales competencias de los servicios públicos de salud y con plena libertad de [elección de] la persona trabajadora”. “Al objeto de cumplir esta finalidad, las Organizaciones signatarias instamos a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas Mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico”.
El acuerdo de la AENC propone que el trabajador que lo desee, con la previa aceptación de su médico de atención primaria, pueda utilizar los servicios de rehabilitación de las mutuas para tratar enfermedades osteomusculares que no se consideran laborales, pero que habitualmente están causadas por el trabajo, por procesos de repetición, malas posturas o manipulación de cargas. Es decir, tan sólo se abre la posibilidad de que un trabajador pueda utilizar una mutua en caso, por ejemplo, de sufrir una lumbalgia, frente a una situación real que es de largas listas de espera en la sanidad pública. Tanto que cuando llega el momento del tratamiento ya no hay incapacidad temporal porque la dolencia se ha malcurado por sí misma.
Cuarto. ¿Qué dice CCOO, uno de los firmantes de la AENC, cuando se les pregunta por el bulo de que han firmado un acuerdo que privatiza la sanidad? “En ningún caso el sindicato va a permitir que la gestión de las bajas en estos procesos de contingencias comunes sea realizada por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, tal y como lleva pretendiendo la patronal desde hace años. Tampoco compartimos, ni se incluye en el AENC, que se derive el control y seguimiento de las bajas por incapacidad temporal, desde los servicios públicos de salud e inspección, hacia las mutuas”.
Quinto. Tenemos un problema, como es sabido, con nuestra sanidad pública. La propia CCOO ha estimado que se debería realizar una inversión que supere el 7,2% del PIB para que el servicio se preste en condiciones adecuadas. Nuestra sanidad no se ha recuperado de los recortes a la que se la sometió la pasada década, viéndose aún más sobrecargada por la pandemia y las enfermedades, físicas y mentales, que han derivado de ella, algo que se ha notado en los procesos de incapacidad temporal. En el acuerdo de la AENC se recoge este hecho, comprometiéndose los firmantes a analizarlo y establecer “líneas de actuación que mejoren la salud de las personas trabajadoras”.
En resumen, los procesos de alta, baja y seguimiento de incapacidad temporal siguen como hasta ahora. Las mutuas no ven ampliada su capacidad en este sentido de ninguna manera. La única novedad es que, las partes firmantes, se comprometen a aprovechar sus recursos para la rehabilitación en algunas incapacidades temporales por contingencias comunes, siempre bajo deseo del trabajador y bajo el permiso del médico de atención primaria. Analizando, y aquí se abre una importante posibilidad, de identificar las patologías que se tratan como comunes pero que vienen derivadas de las condiciones de trabajo y por tanto deberían ser reconocidas como enfermedad profesional.
Que esta novedad se haya utilizado desde la derecha para intentar enturbiar el acuerdo de la AENC no debería ser sorprendente. Que agitadores digitales, supuestamente progresistas, difundan estas mentiras debería ser preocupante. La campaña para atacar el prestigio de los sindicatos, que arreció la pasada década, cuando muchos de sus afiliados se enfrentaron a penas de cárcel por oponerse a los recortes, vuelve a ser primera plana, esta vez con la ayuda de una bobería de red social que juega a la radicalidad para ganar unos cuantos seguidores. Vivimos tiempos donde hasta el último de los imbéciles tiene poderosas herramientas a su disposición para hacer daño.
Lo peor de extender mentiras es que se resta espacio para tratar lo que realmente sucede. Los sueldos subirán, según el acuerdo de la AENC, entre el 10´3% el 13’6%, pero, sobre todo, se continuará con las pautas de contratación estable y sustitución del despido por herramientas como el ERTE que han dado más de millón y medio de contratos indefinidos más desde que entró en vigor la reforma laboral. El empleo se ha convertido en el motor de nuestra economía, rozando ya casi los 21 millones de afiliados a la seguridad social. Los convenios colectivos, la negociación de los sindicalistas, es lo que siempre ha cosido buena parte de la legislación que sale del Congreso a la realidad más inmediata. Ahora, además, valdrá para desmentir el insoportable e interesado ruido digital.
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