El Gobierno gratificará a aquellas comunidades que acojan a menores migrantes no acompañados

Tan sólo este martes fueron más de una decena los menores que llegaron a las costas españolas. Una patera llegó a la isla de Alborán con 50 personas a bordo, cinco de ellos menores de edad. Otra atracó en Lanzarote con 15 pasajeros, tres de los cuales no alcanzaban los 18 años. Otras dos, en Carboneras y El Ejido. En ellas viajaban cinco jóvenes. Estos titulares son frecuentes todo el año, pero ha sido durante estos meses de julio y agosto cuando más han aflorado. Pero el problema es que muchos de estos niños y niñas llegan sin la compañía de un adulto. En lo que va de 2018, y según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ya son 8.000. 

Con este telón de fondo, este miércoles tuvo lugar la reunión de la Mesa de coordinación interautonómica sobre menores extranjeros no acompañados (MENAS). Es el segundo encuentro producido este año, pues el Gobierno ya se sentó con las comunidades autónomas el pasado mes de agosto con el objetivo de encontrar una solución a la presión migratoria que, sobre todo, afecta a Ceuta, Melilla y Andalucía. Pero la falta de entendimiento hizo que todas las partes salieran de allí sin acuerdo. Este miércoles se dieron una segunda oportunidad.

Y Andalucía llegó con sus demandas muy claras. En lo que llevamos de año, ha recibido a 4.098 menores solos, según los datos que ofreció la pasada semana la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio (PSOE). El incremento de llegadas a la comunidad es notable y, en consecuencia, también el de los fondos destinados a la acogida: 45,4 millones de euros frente a los 17,7 que gastó en el año 2015, cuando acogieron a 895 personas. "Es un esfuerzo importante desde el punto de vista organizativo y presupuestario. El 70% de la red de acogimiento está siendo utilizada para menores extranjeros no acompañados. Hemos generado crédito y hemos hecho las modificaciones necesarias para poder atenderlos", afirmó Sánchez Rubio, que cifró en 451 plazas la ampliación con carácter extraordinario. Las edades, dijo la consejera, suelen ser "de 14 hacia arriba". 

Por ello, pidieron ayuda. "Las costas andaluzas son españolas y europeas", dijo Sánchez Rubio. La responsabilidad de la acogida, por tanto, no es sólo suya. Y así lo entendió también el Gobierno. En este sentido, la ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, Carmen Montón, anunció a la salida de la reunión que el Ejecutivo de Sánchez llevará al Consejo de Ministros en un plazo de seis semanas la aprobación de un Real Decreto por el que destinará 40 millones de euros para la mejora de la atención y la acogida solidaria entre las comunidades autónomas. La distribución de los fondos –que tendrán una vigencia de seis meses–, se realizará en función del incremento de los menores atendidos por cada autonomía desde diciembre de 2017. Además, la medida habilita la posibilidad de que las comunidades acojan "solidariamente" a menores de otras comunidades. Así, todas ellas deberán decidir en 15 días si participan en la atención solidaria a los menores y hacer una propuesta de acogida.

La medida, para las ONG, es, sin duda, positiva. "Nos parece un avance enorme respecto a lo que se estaba dialogando hace unos meses", afirma en conversación con infoLibre Maite Pacheco, directora de Sensibilización e Incidencia política de Unicef. "La primera valoración es positiva", coincide Andrés Conde, director de Save The Children. "Que se pongan nuevos recursos es muy positivo", añade Carlos Arce, coordinador de migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH). Todos ellos lo tienen claro: el avance es considerable y las medidas adoptadas, positivas. Sin embargo, coinciden en la necesidad de estar alertas ante la implementación de las propuestas del Ejecutivo. Sobre todo, en el cumplimiento de la corresponsabilidad. 

El peligro de la solidaridad en la acogida

La corresponsabilidad entre comunidades autónomas en la acogida de menores extranjeros no acompañados anunciada por el Gobierno ha sido batallada por Ceuta, Melilla y, sobre todo, Andalucía. Y es que la diferencia entre las llegadas que asumen, en comparación con el resto de España, es considerable. Según el informe Los más solos [que se puede consultar en PDF en este enlace] publicado por Save The Children el pasado mes de mayo, el 34,4% de los menores llegados a España en 2017 vivían en Andalucía. En términos absolutos, 2.209 niños, niñas y adolescentes. En cambio, en La Rioja, sólo había un menor, el 0,02% del total. En Navarra, 21, el 0,33%. 

Es este desfase de cifras el que, desde este miércoles, se intentará resolver. Pero aquí surge un problema, tal y como coinciden todas las organizaciones consultadas por este diario. Textualmente, el Gobierno habla de que el objetivo de los 40 millones de euros será "el reparto de fondos vinculados a la atención y acogida solidaria de MENA entre Comunidades Autónomas". Ahí viene el problema, en el concepto "solidaria".

Según explica Conde, nuestro país no cuenta con ningún mecanismo que obligue a las comunidades a acoger a los menores que llegan a las costas españolas, puesto que esta competencia no es estatal. "La acogida tiene que ser voluntaria", explica. Así, la "única manera" de conseguir esa corresponsabilidad es "convocando la voluntad de las comunidades de compartir este desafío e incentivarlo con esos 40 millones". Pero claro, "habrá que vigilar que esa solidaridad se traslade" de forma efectiva a las acciones de cada autonomía. 

Elena Tajuelo, presidenta de Andalucía Acoge, no se muestra muy optimista. Según recuerda, la reunión que mantuvieron las comunidades y el Ejecutivo el pasado mes de agosto finalizó sin acuerdo, precisamente, por la falta de acuerdo en este punto. Hay algunas autonomías más reticentes a la acogida, y que no se les pueda obligar no soluciona nada.

Arce, por su parte, tampoco se muestra demasiado convencido. "Podría pasar como con el mecanismo de reparto de cuotas de refugiados", afirma, refiriéndose al incumplimiento de los compromisos adoptados por todos los países europeos en 2015, cuando prometieron acoger a un determinado número de personas. Ninguno de los Veintiocho cumplió. Ahora, teme, podría volver a ocurrir. Porque a su juicio, el problema es de base. "Los menores no tienen apellidos, ni extranjero, ni inmigrante, y merecen igual protección sean cuales sean sus situaciones", critica. "No nos hemos puesto de acuerdo todavía para proteger a estos niños, sino en cómo nos repartimos el problema", lamenta. 

Pacheco, en cambio, interpreta el concepto de manera diferente. Según entiende ella, se trata del concepto de solidaridad entendido como reparto. "Este concepto quiere decir que todas tenemos la misma responsabilidad común", afirma. "Efectivamente, hasta ahora, el que levantaba la mano en las reuniones era el que acogía a los menores. Ahora, aunque no se les pueda obligar, el Gobierno y las comunidades tendrán que entenderse", añade. 

El peligro de las expulsiones

No está incluida en las medidas del Ejecutivo, pero sí en la agenda de algunas comunidades. Andalucía entre ellas. Se trata de la propuesta de las devoluciones a Marruecos de algunos de los menores extranjeros no acompañados, una medida más polémica que, por el momento, no se toma en consideración. Es una medida, según las ONG, peligrosa. Pero, como todo, depende de cómo se aplique.

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"Las cosas no son nunca blancas o negras. Lo primordial es el interés superior del menor. Si cuando llega un niño o niña se hace la valoración específica de su caso, se analiza su situación en Marruecos, a qué familia o centro se le está devolviendo y su interés superior es regresar, esta podría ser una solución", explica Pacheco, que insiste una y otra vez en que la cuestión no es dónde está el menor, sino dónde está mejor. 

Conde coincide. "El retorno, si es forzoso, contraviene la Convención de los Derechos del Niño, pero un retorno voluntario con un estudio pormenorizado e individualizado de la situación es una posible solución", explica. Eso sí, para esto se exige un esfuerzo importante por parte de los países de origen, sobre todo de Marruecos. 

Por el momento, el siguiente paso se dará el próximo 19 de septiembre, cuando expire el plazo que el Ejecutivo ha dado a las comunidades autónomas para que presenten su proyecto de acogida. Será a partir de ese momento cuando se compruebe si la corresponsabilidad será o no una realidad.