La mano derecha de Puigdemont acusa a García Castellón de ampliar 'Tsunami' con datos falsos

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su abogado Gonzalo Boye, y el jefe de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en una rueda de prensa a 25 de septiembre de 2021, en L’Alguer, Cerdeña (Italia).

La defensa de Josep Lluís Alay, mano derecha del expresidente catalán huido Carles Puidemont, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de introducir datos, relatos y supuestos hechos que "no se corresponden con la realidad" para ampliar el plazo de la investigación sobre Tsunami Democràtic y "alimentar un relato mediático que impida ver la realidad de las irregularidades, constitutivas de nulidad, que padece este procedimiento".

Así se ha pronunciado su letrado, el abogado Gonzalo Boye, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press en el que ha mostrado su oposición a la decisión del juez de ampliar el plazo de la investigación otros seis meses.

La defensa ha pedido al magistrado instructor que archive el procedimiento y además declare nulo todo lo investigado desde el 29 de julio de 2021 cuando, a su juicio, se venció el plazo que tenía para investigar.

Aragonès como jefe de los CDR, una relación que vio el CNI pero no García Castellón o la Guardia Civil

Aragonès como jefe de los CDR, una relación que vio el CNI pero no García Castellón o la Guardia Civil

Se trata de un recurso de reforma contra el auto que dictó ayer lunes el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 para ampliar hasta julio de 2024 la investigación sobre el papel de la plataforma Tsunami Democràtic en los disturbios posteriores a la sentencia del juicio del procés a los independentistas catalanes.

García Castellón insistió en su auto en que los hechos encajan en el delito de terrorismo y puso sobre la mesa hasta tres convenios internacionales para apuntalar su tesis, uno de ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, firmado en Nueva York el 9 de diciembre de 1993.

En respuesta, Alay ha asegurado este martes que "una vez más" se evidencia "cómo se introducen datos, relatos y supuestos hechos que no solo no se corresponden con la realidad, sino que, además, no deben ser incluidos en un auto de prórroga de la instrucción pero que sirven para alimentar un relato mediático que impida ver la realidad de las irregularidades, constitutivas de nulidad, que padece este procedimiento".

Más sobre este tema
stats