Los dos soplos sobre corrupción que Mariano Rajoy no denunció ante los tribunales

La declaración de este lunes del extesorero del PP Luis Bárcenas en el juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la primera etapa de la trama Gürtel, que dirigida por Francisco Correa operaba en administraciones públicas gobernadas por cargos de la formación conservadora, pone de manifiesto que el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió al menos dos soplos de presuntos casos de corrupción que sin embargo no llegó a denunciar a los tribunales.

Bárcenas aseguró, a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, que fue el propio Rajoy el que decidió prohibir al partido que siguiera contratando a Francisco Correa después de que un amigo suyo, un extenista propietario de un centro deportivo de Pozuelo de Alarcón (Madrid), yerno del empresario Joaquín Molpeceres, le alertara de que el presunto cerebro de la red corrupta se dedicaba en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a "actividades ilícitas".

Este soplo de presunta corrupción no denunciado por Rajoy, según la versión de Bárcenas en el juicio, se une al ya conocido como el gran pelotazo de la Gürtel, que las fiscales y el juez José de la Mata investigan en la segunda parte de las actividades de la trama. Se trata en concreto de la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de unas parcelas a la promotora Martinsa, por la que Correa habría percibido hasta 25 millones de euros, y que Rajoy, pese a ser informado de una importante pérdida patrimonial para el Consistorio por el entonces tesorero Álvaro Lapuerta, no paralizó la adjudicación.

60.000 euros para la caja B

En su declaración, Bárcenas afinó la fecha del mencionado soplo: el 11 de junio de 2004, día en el que el propio Molpeceres, el suegro de la persona que alertó a Mariano Rajoy, realizó una aportación presuntamente ilegal de 60.000 euros, que se reflejan en la contabilidad B del PP.

El empresario Molpeceres es el dueño de la empresas Licuas y Coarsa, que según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción habrían alimentado la caja B de Correa y del Ayuntamiento de Majadahonda. El propio exalcalde de este municipio Guillermo Ortega, también procesado, declaró en su turno del juicio que Álvaro Lapuerta le había llamado para que adjudicara contratos a las empresas de Molpeceres.

A penas unos meses después, "a finales de 2004", según la declaración por escrito que realizó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, Mariano Rajoy también fue avisado por el entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta de que en Arganda podría haber una "importante pérdida patrimonial" en la adjudicación de unas parcelas.

En concreto, se trata de la denominada UE-124 o Área de centralidad de Arganda del Rey, que buscaba crear un nuevo centro urbano para el municipio del sur de la Comunidad de Madrid y que estaba gobernado por el imputado alcalde del PP Ginés López.

21,3 millones bloqueados a Bárcenas

La empresa adjudicataria, Martinsa, cuyo propietario Francisco Martín también está investigado, habría abonado al menos 13 de los 25 millones de la presunta comisión ilegal a Francisco Correa en sus cuentas de Suiza. las autoridades de este país han bloqueado 22,2 millones a Francisco Correa y 21,3 millones a Luis Bárcenas. El presunto testaferro del extesorero Iván Yáñez también tiene bloqueados 1,5 millones.

"A finales del año 2004, cuando yo acababa de ser elegida presidenta del PP de Madrid", completó Aguirre en su testimonio por escrito ante el instructor de la causa, "el entonces tesorero nacional, Álvaro Lapuerta me cita en la sede del partido. Y en el despacho de su presidente, Mariano Rajoy, y en su presencia, me advierte de que en dos municipios de la Comunidad de Madrid, Majadahonda y Arganda del Rey, sus respectivos ayuntamientos pretenden vender unas parcelas edificables a un precio tasado" o fijo.

Preguntada sobre si encargó alguna investigación interna, Aguirre contestó: "Por supuesto que no". La expresidenta madrileña, que fue interpelada sobre si hizo algo para evitar que las parcelas acabaran en manos de la trama Gürtel, destacó que únicamente impidió que la parcela saliera a precio tasado o fijo: "Porque a mí nunca me ha gustado que el precio, que es a mi juicio el elemento más objetivo en los concursos, no pondere o no cuente en absoluto, como en el caso de las parcelas de Arganda y Majadahonda".

Aguirre destacó que la "advertencia del tesorero iba en la dirección de tratar de impedir que los respectivos ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante, puesto que, al parecer, el precio tasado era muy inferior al precio de mercado. Y creo recordar que me advirtió también de que podría haber impugnaciones de los licitadores porque los criterios de adjudicación pudieran no ser suficientemente objetivos", completó la ahora jefa de la oposición del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Rajoy tampoco denunció

Tampoco denunció los hechos Mariano Mariano Rajoy. Y la inacción del partido permitió que Martinsa obtuviera las parcelas, que tras ser reclasificadas elevaron sus plusvalías alrededor de 200 millones de euros, según uno de los arquitectos del propio Fernando Martín en la obra, que declaró en la causa como testigo.

Pese a que Rajoy prohibió a "todas las sedes provinciales y regionales" del PP contratar con las empresas de Correa, el presidente del Gobierno no impidió al partido en la Comunidad Valenciana, liderado por Francisco Camps, que siguiera contratando a la trama corrupta. Además, el 11 de febrero de 2009, tras conocerse la detención por orden del juez Baltasar Garzón de Francisco Correa, Rajoy, que fue alertado de las actividades ilícitas de la trama, llegó a calificar el caso Gürtel como una trama contra el PP.

Fue el propio Camps, según la declaración de Bárcenas, el que llamó directamente al tesorero Lapuerta tras conocer la decisión de Rajoy: "Y Camps dijo que él no trabajaba con Special Events sino con [la también empresa de Correa] Orange Market. Y dijo que trabajaba con un genio que es Álvaro Pérez [El Bigotes] que es muy creativo. Y Álvaro [Lapuerta] le autoriza y sigue trabajando con Orange Market".

La presencia de las empresas de Correa en la Comunidad Valenciana se mantiene hasta al menos el año 2008: "Ellos siguieron incluso en el congreso de Valencia de 2008, [en el que Mariano Rajoy fue reelegido como presidente del Partido Popular] a pesar de que el congreso lo hizo la empresa Free Handicap, y este fue uno de los problemas que tuvimos con Correa. Ángel Acebes autoriza que una parte [del congreso] la organice Orange Market. Acebes, Lapuerta y Camps acordaron que el PP valenciano pagaría lo que hiciese Orange Market", completó Bárcenas ante las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell.

Financiación ilegal del PP valenciano

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata también acordó abrir juicio oral contra 20 personas acusadas de financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunitat Valenciana entre 2007 y 2008; en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las Generales de 2008.

Entre los 20 acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes. Además, están procesados cinco ex altos cargos del PP en Valencia, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla, pero no Francisco Camps.

El resto de acusados son empresarios acusados de financiar de forma irregular a la formación regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino, Vicente Cotino.

Acciones de Libertad Digital

Por otra parte, Bárcenas ha dado este lunes una nueva versión a la aportación por parte del PP de 139.700 euros utilizados en la compra de 1.270 acciones para la ampliación de capital de Libertad Digital entre 2004 y 2005. Ha asegurado que si bien los fondos salieron de la caja "extracontable" del partido, fueron adelantados por él con dinero que guardaba en su casa como consecuencia de la venta de cuadros, informa Europa Press.

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Por esta operación también fue imputado su superior entonces y tesorero del partido Álvaro Lapuerta: "No ha habido apropiación de ningún tipo, a mi me dijeron que había que aportar esos fondos para que la operación de Libertad Digital siguiera adelante", señaló Bárcenas.

Según relató, el dinero salió de su casa y fue depositado en Caja Madrid Bolsa a nombre de su esposa Rosalía Iglesias -se trataba de una inversión transitoria mientras se buscaba otra persona interesada en la operación- si bien después Lapuerta le dijo que debería hacerse "con dinero del partido" para compensar la inversión, por lo que la cantidad retornó a la caja fuerte de su casa.

A la hora de justificar lo ocurrido ante Hacienda, según el procesado, es cuando decide ingresar el total fraccionado en dos cantidades procedentes de la venta de cuadros "para considerar cuadrada esa transacción". Finalmente, tras una temporada guardado en su domicilio, el dinero volvió a la cuenta corriente de su esposa, según explicó al tribunal.