ATAQUE A LA LIBERTAD DE PRENSA
Un tribunal británico retrasa la extradición de Assange y abre la puerta a que pueda volver a recurrir
La justicia británica alarga la batalla alrededor de la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Tras un largo mes de espera, dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, han abierto la puerta este martes a que el periodista pueda volver a apelar en suelo británico contra su envío al otro lado del Atlántico si la Administración Biden no ofrece en las próximas tres semanas una serie de garantías. La entrega queda, por lo tanto, paralizada a la espera de Estados Unidos. El pronunciamiento de este martes era clave para el activista australiano. Si los magistrados hubieran rechazado de principio a fin sus argumentos, la instancia interna británica se habría acabado. Y a Assange sólo le habría quedado una última bala ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Las filtraciones de WikiLeaks pusieron al desnudo las vergüenzas de medio mundo. Arrojaron luz sobre las ejecuciones extrajudiciales en Kenia, la corrupción en Islandia, la censura en China o las violaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos: desde las torturas en Abu Ghraib o Guantánamo hasta el asesinato indiscriminado de civiles en Irak desde un helicóptero Apache. A pesar de ello, sólo los americanos iniciaron una ofensiva legal contra Assange por espionaje. En primera instancia, los tribunales británicos rechazaron la extradición por razones humanitarias. Pero Estados Unidos recurrió, ofreciendo una suerte de garantías diplomáticas por las que se comprometía a salvaguardar la integridad de Assange. A la High Court le pareció bien. Y dio el visto bueno a la extradición.
El Gobierno británico firmó la orden para que el fundador de WikiLeaks fuera enviado a suelo americano. Pero la defensa del periodista decidió dar una última batalla con un nuevo recurso que se estudió el pasado mes de febrero en una vista de dos días. En la misma, los abogados de Assange pusieron en duda que el mismo pudiese recibir un trato justo en Estados Unidos y advirtieron que estaban en juego libertades fundamentales, ya que las actuaciones por las que es perseguido se enmarcan dentro del ámbito de la libertad de prensa. Además, alegaron que a su cliente se le estaban imputando "delitos políticos", por lo que su caso no tendría encaje en el tratado de extradición entre Estados Unidos y Reino Unido. Los estadounidenses, por su parte, hicieron hincapié en las "profundas consecuencias" que tuvieron las filtraciones.
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Al final, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia han dado un nuevo balón de oxígeno al fundador de WikiLeaks. En su resolución, consideran que Assange tiene "una posibilidad real de éxito" en tres de los nueve puntos de apelación que había planteado. En concreto, los que hacen referencia a una posible vulneración de la libertad de prensa –consagrada en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos–, a un trato discriminatorio como ciudadano extranjero y a la posible imposición de la pena capital contra el periodista, para el que las autoridades estadounidenses podrían pedir hasta 175 años de prisión por delitos de espionaje e intrusión informática.
A pesar de ello, los magistrados aún no dan vía libre a Assange para recurrir. Antes, han ofrecido a Estados Unidos la "oportunidad" de dar una serie de "garantías" para abordar dichas cuestiones. "A menos que se proporcionen garantías satisfactorias, el Tribunal concederá autorización para apelar sobre esos motivos", continúa el fallo de Sharp y Johnson. El fundador de WikiLeaks, que lleva cinco años recluido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh tras ser detenido en la Embajada de Ecuador en Londres, no será, por lo tanto, extraditado de manera "inmediata".
La Administración Biden tiene ahora tres semanas para garantizar que Assange podrá acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que consagra la libertad de prensa, que no se le perjudicará en el proceso judicial por razón de su nacionalidad o que no le será impuesta la pena de muerte. "Si no se dan esas garantías, se autorizará la apelación y se celebrará una audiencia de apelación. Si se dan garantías, las partes tendrán una nueva oportunidad de presentar declaraciones y se celebrará una nueva audiencia el 20 de mayo de 2024 para decidir si las mismas son satisfactorias y para tomar una decisión final sobre la autorización para apelar", reza la resolución judicial.
