¿Funcionan las medidas anticorrupción?

Cuando las reformas no avanzan, la percepción de corrupción aumenta y la confianza institucional se debilita.

Fiel a su cita anual, Transparencia Internacional acaba de hacer público su último Índice de Percepción de la Corrupción y los datos no son alentadores. En todo el mundo, 47 países empeoran sus resultados frente a 32 que los mejoran. La casuística es tan diversa como cada país, así que conviene que cada cual se preocupe por lo que le toca.

España es uno de esos países cuya percepción de la corrupción, según los expertos que contestan a las encuestas e informes con los que se realiza el índice, se ha incrementado. Cuatro puntos respecto al año anterior, 2023, y nada menos que seis puntos respecto a 2020. Si hace cuatro años, en 2020, España estaba en el puesto 32 de la tabla, hoy hay que descender hasta el 46 para encontrarla. ¿Esto quiere decir que España es hoy un país más corrupto que al comienzo de la década? ¡No tan rápido!... Pero no esperen consuelo.

El prestigioso índice de Transparencia Internacional no mide denuncias de corrupción ni investigaciones abiertas en los juzgados o desveladas por los medios, sino la percepción que las personas expertas en la materia tienen al respecto y que reflejan en las encuestas que contestan al efecto. En el caso español, la lentitud y el retraso con el que se están transponiendo algunas de las directivas que tienen ver con el incremento de la integridad pública, así como el desmantelamiento de agencias y programas anticorrupción en algunas Comunidades Autónomas, están contribuyendo de forma clara a la formación de esta percepción. 

El prestigioso índice de Transparencia Internacional no mide denuncias de corrupción ni investigaciones abiertas en los juzgados, sino la percepción que las personas expertas en la materia tienen

Respecto a las primeras, y como recuerda el informe del Capítulo español sobre estos resultados, 87 Directivas europeas siguen pendientes de transposición, estando 30 de ellas ya fuera de plazo. Además, España continúa sin tener una estrategia nacional anticorrupción, pese a estar prevista en la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Tampoco se ha avanzado en la reforma de la normativa sobre conflictos de interés, ni está aún regulada la acción de los lobbies, pese a ser un tema que ya se planteó incluso en la Transición, cuando Manuel Fraga quiso incorporar su definición en la Constitución. En el año 2014 se aprobó una iniciativa de CiU para regular estos lobbies y en los gobiernos de coalición de las últimas legislaturas ha sido una promesa constante desde que se reconociera en el pacto de gobierno entre el PSOEy Unidas Podemos en 2019. Ahora parece que el Ministerio de Transformación digital volverá a intentarlo mediante un proyecto de ley presentado recientemente.

La situación en las Comunidades Autónomas tampoco es ejemplar y puede estar contribuyendo de forma decisiva a esta percepción de mayor corrupción, especialmente en aquellas que están retrocediendo en la aplicación de políticas anticorrupción. En Baleares, el gobierno de coalición eliminó la agencia antifraude, que estaba investigando un caso que afectaba a la familia de la Presidenta; en la comunidad Valenciana, la AVAF se ha debilitado notablemente, reduciendo controles y eliminando su Comité de ética; en Madrid se ha modificado la ley de transparencia para controlar el Consejo de Transparencia y bloquear su funcionamiento. A todo esto se añade que apenas 11 Comunidades Autónomas han establecido consejos de transparencia y solo cuatro agencias anticorrupción.  

Lo que nos dice este informe, por tanto, no es ya que la corrupción pueda estar creciendo o no, sino que la dilación en cumplir los compromisos de transparencia y el retroceso que se está viviendo en algunas esferas, sobre todo en las Comunidades Autónomas señaladas, contribuye a crear una percepción más negativa. Pero no deberíamos sentir alivio: Esto no sólo no le resta gravedad al dato, sino que lo hace más dañino, si se tiene en cuenta que esta percepción apunta directamente a la línea de flotación de lo que hoy llamamos la crisis de la democracia, y que bien podríamos llamar la crisis de la confianza en las instituciones democráticas.

Esto afecta al conjunto de la política y de las políticas públicas, de ahí que Transparencia Internacional cada año fije la atención en un aspecto concreto. Este año lo hace sobre cómo influye la corrupción en el cambio climático, y las consecuencias son demoledoras. En efecto, la corrupción impide la correcta aplicación de la medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, lo que se traduce en pérdidas de vidas humanas, especialmente en aquellos países que, pese a no ser los causantes principales de la crisis climática, sufren de forma más acusada sus consecuencias al carecer de medios y tecnología para hacerle frente. Si en algún área es urgente la aplicación de medidas de transparencia y rendición de cuentas es precisamente aquí, donde nos jugamos la vida.

En la parte positiva, hay que señalar que cada año que pasa, gracias a informes como este y otros similares, tenemos más conocimiento de cómo la corrupción corroe las democracias, pero también de lo que hay que hacer para darle la vuelta y que la ciudadanía perciba, porque sea cierto, que se ponen todos los medios para hacer frente a la corrupción avanzando en transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Propuestas concretas no faltan, en este informe se encuentran muchas. 

Si urge recuperar la confianza en las instituciones como una de las vías imprescindibles para hacer frente a los nacionalpopulismos que nos aterran, ¿a qué esperamos?