Un modelo de organización territorial más allá de la investidura

La negociación para la posible investidura de Pedro Sánchez va a girar sobre el modelo de organización territorial, esa asignatura pendiente desde hace ya mucho tiempo y que en el fondo no es otra cosa que construir un marco de convivencia donde todas las opciones se sientan cómodas. La propuesta de Urkullu de celebrar una convención para reinterpretar la Constitución en este asunto o las previsibles demandas de Junts, que se conocerán este martes, así lo indican.

Probablemente la Constitución de 1978, con la creación del Estado de las Autonomías, llegó hasta donde podía en aquel momento, pero 45 años después no ha evolucionado al mismo ritmo que la sociedad. El asunto es uno de los que más dividen al país y el que ha protagonizado el mayor desencuentro y desafío institucional de las últimas décadas, de ahí que tan importante sea abordarlo como explicarlo bien.

De las lecturas que se van haciendo del resultado del 23J hay una especialmente delicada en esta materia. Dirigentes socialistas argumentan que el resultado electoral debe interpretarse como un espaldarazo a los indultos y las reformas de los delitos de sedición y malversación, lo que –en su opinión– indicaría que se está en condiciones de tener también el placet para una ley de amnistía. Sin embargo, como se señala aquí a raíz de una encuesta de IPSOS tras las elecciones municipales del 28M, la derogación del delito de sedición y los indultos estaban entre los cinco primeros temas por los que se desaprobaba al Gobierno. No conviene, por tanto, dar por hecho que los votantes socialistas, especialmente los menos militantes y más críticos, vayan a entender un movimiento en la línea de la amnistía o de un referéndum de autodeterminación. Esto no significa que el PSOE no deba hacerlo, pero sí que tiene que explicar de forma creíble y convincente el motivo, y sobre todo hacer de este momento una oportunidad para avanzar en su modelo de organización territorial, y no sólo una concesión a los nacionalistas a cambio de una investidura. Tanto si finalmente llegan a un acuerdo como si no es posible y hay que ir a una repetición electoral, es clave que el PSOE explique sus motivos con la máxima pedagogía posible.

¿Cuál es el modelo de organización territorial del Estado que defiende el PSOE? Conocerlo ayudaría a sus votantes a entender cualquier movimiento, por arriesgado que sea. Los dos últimos documentos que fijan la posición socialista en esta materia son la Declaración de Granada, del año 2013, y la posterior Declaración de Barcelona, en uno de los momentos álgidos del Procés, julio de 2017. En la primera se puede leer:

"Dados los rasgos del Estado autonómico, su evolución debe adoptar las normas de organización y funcionamiento de Estados con estructura federal. El federalismo, en efecto, es un sistema que defiende la unidad del Estado, respetando la diversidad, a partir de una distribución interna de poderes y responsabilidades que combina los intereses generales del Estado y, simultáneamente, las aspiraciones e intereses específicos, en nuestro caso, de las comunidades autónomas".

Una declaración federal y federalizante que contempla, entre otras cosas, la mejora del régimen de cooficialidad de las lenguas de España para “establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios de las respectivas Comunidades.” ¿Por qué no explicar esta apuesta como algo propio del modelo de Estado que se defiende, más allá de cesiones para llegar a acuerdos?

La conocida como Declaración de Barcelona, aprobada cuatro años después, lleva como título “Por el catalanismo y la España federal”. En la primera página está descrita la apuesta socialista:

"Para superar el enfrentamiento entre el inmovilismo del gobierno central y la deriva independentista unilateral es necesario abrir un nuevo escenario de diálogo y propuestas concretas que, como es sabido, en nuestra opinión, debe culminar en una profunda reforma federal, que permita aunar un profundo autogobierno de las entidades territoriales con la unidad de España y el mejor reconocimiento de la realidad plurinacional de nuestro país sin afectar a la soberanía del pueblo español ni a la igualdad de derechos entre toda la ciudadanía, y que a la vez sirva para profundizar en el carácter democrático del Estado y para garantizar su carácter social".

Tanto si finalmente llegan a un acuerdo como si no es posible y hay que ir a una repetición electoral, es clave que el PSOE explique sus motivos con la máxima pedagogía posible

A lo largo de su desarrollo, se plantea de nuevo la reforma federal de la Constitución –que en su caso debería ser refrendada por la ciudadanía–, o cuestiones como “aprobar una Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España.” Ambos asuntos no son, por tanto, ajenos al acervo socialista, por lo que no deberían tener problemas en ponerlos en valor.

El PSOE, con no poco debate interno y en un claro ejercicio de equilibrios entre las distintas sensibilidades que alberga sobre este asunto, adoptó estas declaraciones que, salvo novedad, constituyen su modelo de organización territorial. Sus votantes entenderán mejor la negociación hoy abierta, tanto si da sus frutos como si no, si lo explican como parte del camino hacia su modelo federal de organización territorial del Estado que si se traduce como una cesión a fuerzas independentistas, vascas y catalanas, a cambio de una investidura. Desde estas posiciones se podrá abrir la discusión sobre la diferencia entre nación de naciones o nación de nacionalidades, la asimetría que incorpora la propuesta de Urkullu, o cómo llevar a efecto aquella máxima de Rubalcaba, secretario general del PSOE cuando se aprobó la Declaración de Granada: “hay derecho a la diferencia, pero no diferencia de derechos”, como recuerda Ramón Jáuregui en este artículo reciente. En este marco, hay mucho margen de maniobra para el debate y, en su caso, el acuerdo.